Por: Bache3000

Siete integrantes del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad de Bariloche se presentaron este miércoles ante el agente fiscal para expresar su preocupación por la investigación iniciada tras la denuncia de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La causa gira en torno a publicaciones en Facebook atribuidas a Adrián Grau, en las que se reivindicaban expresiones y posiciones asociadas al terrorismo de Estado. Firman la nota Silvia Ana Devalle, Gabriela Bettina Otero, Norma Noemí Aguirre, Mabel Noemí Oviedo, Leandro Daniel Veliz Aguilar, Luis Alejandro Manuel Suero y Ana Corina Gómez.

En el escrito sostienen que ellos mismos pudieron ver y registrar esas publicaciones apenas fueron denunciadas públicamente. Advierten que, por los resultados de las elecciones del 1 de noviembre, Grau está próximo a incorporarse a la Convención Constituyente Municipal, según la Resolución 142-JEM-2026, el órgano que elaborará la norma fundamental de la ciudad. Señalan además que, según supieron por la prensa, la Junta Electoral Municipal respondió a una presentación de cinco convencionales electos que lo vinculado con la denuncia y sus consecuencias no es de su competencia.

Los firmantes recuerdan que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la ley 26.378 y tiene jerarquía constitucional por la ley 27.044. A su entender, la incorporación de una persona que reivindique el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad resulta incompatible con esos principios, sobre todo si su presencia quedara admitida o solapada por la falta de esclarecimiento a tiempo de la autoría del hecho que se le atribuye. Agregan que reivindicar el terrorismo de Estado no es un rasgo de diferencia partidaria o ideológica, sino la negación de derechos fundamentales.

Por eso le piden a la fiscalía que otorgue carácter prioritario a la investigación y que impulse con la mayor celeridad las medidas necesarias para determinar si existió responsabilidad penal. También solicitan que se requiera a la Junta Electoral Municipal que informe qué respondió a la nota presentada el 5 de noviembre por los convencionales electos Andrea Galaverna, Josefina González Elizondo, Martín Govetto, Javier Inalef y Laura Pérez Lavayén. Piden, asimismo, que se preserven las evidencias digitales de las publicaciones y que se verifiquen su autenticidad, autoría, fecha, contexto y eventual acceso no autorizado, y que se les informe lo decidido cuando corresponda.

Mabel Oviedo, madre de un joven con discapacidad, declaró que le resulta inimaginable pensar en sentarse a conversar sobre el futuro y los derechos de la comunidad con una persona que celebra la tortura.

Silvia Devalle, activista de derechos humanos y de la discapacidad como categoría social y política, fue más lejos al hablar de la autoría de las publicaciones: "Nosotros sabemos que Grau cometió ese delito, las vimos, tenemos las capturas, las publicaciones eran del 24 de marzo, le sobró el tiempo para notar que lo habían hackeado". Y advirtió sobre el rol de los gobiernos: "La gente del Intendente y el Gobernador debería apartarlo preventivamente o las instancias podrían empeorar y ellos quedar como encubridores".

Devalle también recordó el impacto de la dictadura en el colectivo: "No podemos olvidar que en la dictadura hasta las personas con discapacidad fueron torturadas y asesinadas. Recordamos a Mónica Brull que luchaba por el boleto gratuito para las personas con discapacidad que hoy está vigente. Mujer ciega que fue torturada y violada y perdió así su embarazo. Ella fue testigo años después en el juicio a las juntas. De ninguna manera puede haber un Adrián Grau opinando sobre nuestra norma fundamental".

El colectivo planteó que las decisiones de los convencionales darán el marco a políticas que los afectarán de manera directa, y que los derechos de las personas con discapacidad no pueden quedar relegados en un proceso atravesado por la incertidumbre. A la nota adjuntaron la Resolución 142-JEM-2026 y una nota de prensa sobre la respuesta de la Junta Electoral.