Por: Bache3000

Lo que sigue es el relato que Silvia Rodríguez, hermana de la víctima y vecina de Bariloche, le hizo a Bache3000: es su versión de los hechos y de lo que, según ella, se hizo mal en la investigación, irregularidades que fue detectando por su cuenta y por las que llegó a denunciar a la fiscal ante el Consejo de la Magistratura.

Federico Rodríguez tenía 80 años y vivía hacía más de cuatro décadas en una casa de campo cerca del arroyo Rincón, en Los Repollos. Apenas se movía desde que había tenido un problema de salud. Lo visitaban conocidos con mercadería, y sus hijas, que viven en El Bolsón, subían cuando podían. Ese verano le abrió la puerta a una pareja que, cuenta su hermana, andaba buscando trabajo y un lugar donde quedarse unos días. Eran Juan Pablo Carrasco y Rosa Marianela Rubilar, ella con dos o tres chicos chicos, y se quedaron.

Silvia vive en Bariloche y se enteró por una vecina del pueblo, de esas que le llevaban mercadería a Federico cuando ella no podía ir. La mujer le contó que Rubilar la había agredido y que no la dejaba acercarse al viejo. Era un miércoles. Silvia llamó a sus sobrinas y les pidió que lo vieran más seguido, porque se había instalado una familia en la casa. Según su relato, el viernes a la mañana Federico bajó a la comisaría de El Bolsón a denunciar que la mujer lo intimidaba y le ocupaba un poco más la casa cada día.

Esa tarde las hijas fueron a verlo y Rubilar les dijo que se había ido al Bolsón y que no había vuelto. El sábado lo buscaron en las casas de amigos y de familiares y no estaba en ninguna, porque Federico siempre volvía a su casa a la tarde. El domingo a la mañana fueron a hacer la denuncia por su desaparición y se encontraron con que alguien ya había llamado a la comisaría para avisar que había un cuerpo tirado en el río.

—¿Cuáles eran los signos de asesinato, digamos? —le pregunté.

—Estaba golpeado. Tenía como que le habían puesto precintos en la mano. Y aparentemente abusaron también a golpes y demás con él. Y no le daban comida, aparentemente estaba desnutrido.

En el bolsillo de la campera, cuenta, tenía la denuncia que había ido a hacer el viernes, con sus documentos. Silvia dice que la mujer, además, lo había llevado a ANSES para cambiar a su nombre el cobro de la jubilación.

—O sea, la intención era quedarse e instalarse ahí en el campo.

Carrasco y Rubilar quedaron imputados por homicidio. Ella habla de una pulsera electrónica que Rubilar se cortó más de una vez para escaparse.

—Como 3 veces se escapó. La última vez que la encontraron en Santa Fe, la trajeron.

Lo que vino después, para Silvia, fue una investigación que no se hizo como se tenía que haber hecho. La describe sin levantar la voz, con la precisión de quien la repitió muchas veces.

—O sea, la fiscal no investigó, el legajo se venció y lo cierran por vencimiento.

—¿Y se puede reabrir?

—No hay forma de abrirlo.

Según su relato, los filamentos pilosos de la autopsia no pudieron analizarse porque los insumos del laboratorio estaban vencidos. Cuenta que las hijas aportaron nombres de gente a la que se podía citar como testigo y que nadie los llamó, y que pidieron allanar la casa de un vecino con el que sospechaban que Rubilar tenía contacto y el juez no dio la orden. Al abogado de sus sobrinas, el doctor Ochoa, le avisaron del cierre muchos días después de que ella fuera a la fiscalía a preguntar, y allá no le querían dar información. Nadie, dice, le explicó nunca por qué la causa no se movió.

La versión judicial es distinta: según publicó el Diario Río Negro el 7 de junio de 2026, el juez Ricardo Calcagno sobreseyó a Carrasco y a Rubilar el 30 de abril, a pedido de la fiscal adjunta Daniela Ortiz Celoria, que había heredado el caso de la fiscal jefa Betiana Cendón, quien los había imputado en abril de 2024. El juez resolvió que correspondía sobreseerlos "por no resultar autores" del homicidio.

En su dictamen, la fiscal sostuvo que desde el inicio de la investigación se agotaron las líneas "razonablemente disponibles", con múltiples medidas periciales, análisis científicos y relevamientos técnicos, y que el resultado fue "categóricamente insuficiente". Dijo que no había pruebas que los incriminaran ni una posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos para sostener una acusación viable en el juicio. Agregó que persistir en la persecución penal en esas condiciones implicaría desconocer el principio de objetividad del Ministerio Público Fiscal y las garantías del estado de inocencia. El fiscal jefe Martín Lozada confirmó esa decisión. El mismo fallo excluyó como querellante a un familiar de la víctima, porque no presentó una acusación propia y se le venció el plazo procesal.

Bariloche2000, por su parte, recogió el 23 de septiembre la denuncia de Silvia ante el Consejo de la Magistratura. Para ella, lo que hubo no fue falta de pruebas sino falta de investigación: sostiene que no se hizo nada de lo que se pidió y que los plazos se vencieron.

Sobre la fiscal Ortiz Celoria, Silvia fue concreta:

—Ella, por lo general, la fiscal hacía todo casi vencido, a tiempo vencido.

Y sobre quién controlaba ese trabajo:

—Pero tampoco tuvo la supervisión del fiscal. Del fiscal en jefe.

El fiscal en jefe es Martín Lozada, y en su denuncia Silvia pidió que se le pregunte "por qué no actuó sobre el oficio de la fiscal", un oficio con el que, según cuenta, la fiscal pedía avanzar en algunos aspectos de la investigación. También pidió que se cite como testigo al abogado de la parte querellante, para que explique por qué nunca se le informó nada en tiempo ni en forma.

Lo que reclama es concreto: que se investigue por qué no avanzó la causa y, si se puede, que se reabra. Le preocupa que haya dos personas libres que, a su entender, son las únicas culpables.

Todas esas irregularidades, las que ella misma fue detectando, las llevó ante el Consejo de la Magistratura. Presentó la denuncia y la ratificó el 15 de septiembre, por Zoom, cuando la llamaron para notificarla. Hace una semana presentó otro reclamo y le dijeron que ya hay un expediente abierto para investigar a las dos fiscales, y que debía esperar los plazos pertinentes. No tiene abogado.

—Yo lo hice sola. Estuve investigando, me manejé con la IA y además con algunos asesoramientos de otras personas.

También le escribió un correo electrónico al procurador general, Jorge Crespo, que según ella había pedido el expediente. Eso fue hace unos tres meses y no tuvo respuesta. Hasta hoy sigue esperando noticias del Consejo de la Magistratura y del Procurador.

Su hermano, el que vivió cuarenta años al lado del arroyo, se quedó sin explicación. Ella sigue juntando papeles para pedirla.