Por: Bache3000

La reforma de la Carta Orgánica de Bariloche arrancó formalmente hoy, 12 de noviembre, cuando los quince convencionales constituyentes electos recibieron sus certificados y realizaron la primera sesión, y el oficialismo ya dejó en claro que una de sus prioridades será sostener el carácter inalienable del Cerro Catedral. Con esto, la Convención completa buscará incorporar de manera permanente (en realidad, mantener) lo que hoy es la disposición que reivindica el derecho excluyente del pueblo de Bariloche sobre el cerro y sus tierras. La redacción exacta del artículo todavía no está definida, aunque el oficialismo lo considera un tema central, según pudo saber este medio.

El punto era seguido de cerca porque, desde que se habló de reformar la Carta Orgánica, hubo sectores críticos y parte de la oposición que sospechaban que se buscaría correr esa cláusula para destrabar el desarrollo inmobiliario del cerro. Con la confirmación de ahora, esa duda queda despejada y las tierras seguirán siendo patrimonio inalienable del municipio.

El eje de la discusión de los últimos meses fue el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental, un instrumento que el Ejecutivo impulsó junto con CAPSA, la concesionaria del centro de esquí. El plan propone fijar parámetros urbanísticos y de uso del suelo sobre 77 de las 1.920 hectáreas del área del cerro, que según la secretaria de Planeamiento, Sofía Maggi, representan cerca del 4 por ciento de la superficie concesionada. Para avanzar con el trámite el municipio cumplió con el paso obligatorio de la audiencia pública de mayo, que convocó a cientos de personas.

Para la oposición y buena parte del arco vecinal, el plan era la antesala de una urbanización que contradecía la Carta Orgánica. La concejala Julieta Wallace advirtió que dar parámetros urbanísticos no es un trámite menor y que, una vez que existan, se saldrá a ofrecer la inversión. Leandro Costa Brutten, que por entonces era concejal y ya no ocupa su banca, sostuvo que "El Cerro Catedral no es un negocio inmobiliario de CAPSA". 

Mientras el expediente avanzaba, la relación entre el Ejecutivo y la familia Trappa, dueña de CAPSA, se fue deteriorando. En algún momento Cortés llegó a anunciar que la definición sobre el Cerro Catedral podía resolverse mediante una consulta popular, y con el tiempo los desencuentros se hicieron cada vez más visibles. Durante la Fiesta Nacional de la Nieve el intendente evitó saludar a Sebastián Trappa, y más tarde la empresa no envió a su gente al asado de cierre de temporada de EAMCEC. Cortés también planteó públicamente que los incumplimientos que atribuye a la concesionaria justificaban revisar el contrato, aunque aclaró que esa decisión le corresponde al Concejo.

En ese clima el Concejo aprobó el 8 de septiembre la ordenanza de Costa Brutten que ratifica el carácter inalienable de las 1.920 hectáreas de tierras públicas del cerro, establece que no podrán ser vendidas, cedidas, permutadas ni transferidas, y encomienda actualizar la titularidad catastral y registral a favor de la Municipalidad. El Ejecutivo la recibió el 28 de septiembre y, pese a que el veto aparecía como una posibilidad cierta, Cortés finalmente la promulgó mediante la resolución 3467-I-2026. Por esos días circulaban versiones sobre un principio de acuerdo entre el oficialismo y CAPSA, algo que Domínguez desmintió al sostener que no existe un acuerdo más amplio, aunque aclaró que siempre hubo y hay diálogo.

La información más reciente indica además que el expediente del Plan Director todavía tiene falencias técnicas para el propio Ejecutivo, con aspectos que no cierran y que no están claros, por lo que el trámite sigue sin llegar al Concejo en condiciones de ser tratado.

En paralelo, CAPSA anunció una nueva telecabina en Amancay y planteó que necesita que se aprueben los parámetros urbanísticos, un plazo que según la empresa vencía en octubre y que pasó sin definiciones. A pocas horas de las elecciones constituyentes del 1° de noviembre, el coordinador general de la compañía, Hugo Tossio, reclamó que la falta de decisión frena la obra y la inversión en el cerro, y reprochó que "por un lado nos piden inversión pero por otro nos frenan". Se trata de una presión sobre el municipio que mezcla dos cuestiones distintas, ya que la telecabina forma parte del negocio de los medios de elevación y del esquí, mientras que el desarrollo urbanístico se ubicaría en otra área, diferente de la que hoy ocupan las instalaciones del centro de esquí. La empresa, sin embargo, advierte que no puede invertir en el cerro si no se le habilita el desarrollo inmobiliario.

Con las tierras del cerro declaradas inalienables por ordenanza y a punto de quedar blindadas en la Carta Orgánica, el camino de CAPSA tendrá que ser otro, y lo que resta definir es la redacción final del artículo en la Convención.