Por: Bache3000

Mientras Bariloche atraviesa una semana cargada de incendios, hechos policiales y la jura por la reforma de la Carta Orgánica, el martes 10 de noviembre explotó un equipo de un sillón odontológico en el centro de salud San Francisco III. La profesional que atendía allí sufrió una lesión auditiva y otra en un músculo facial. No había pacientes en el consultorio, por lo que el episodio no pasó a mayores, aunque pudo haber terminado de otra manera. Bache3000 propone mirar el caso con todas las campanas y también lo que queda por fuera de la odontóloga y del sillón.

La primera versión llegó desde la Dirección del Hospital Zonal Bariloche, que explicó que “se produjo la rotura de la botella presurizadora ubicada en la mesa de trabajo”. Según el comunicado, “el compresor funciona correctamente, por lo que el inconveniente se limitó exclusivamente a dicha botella”, y la profesional “recibió atención médica inmediata”. La atención odontológica quedó “suspendida transitoriamente” y la Dirección anticipó que “se reforzarán las medidas de mantenimiento preventivo y control periódico del equipamiento”.

El Ministerio de Salud de Río Negro, por su parte, habló de un “incidente de seguridad ocurrido en el consultorio de odontología”. En una nota fechada el 12 de noviembre en Viedma, firmada por el ministro Demetrio Caldis Thalasselis y dirigida a Myrna Elizabeth Lamberto, del Hospital Área Programa Bariloche, resolvió suspender la atención odontológica en ese centro de salud “hasta completar la evaluación por parte del fabricante del equipamiento y que se genere el informe técnico correspondiente, mas las acciones correctivas de ser necesarias”. La medida alcanza también a “todos los Centros de Salud que dispongan de esta tecnología, en esa localidad”, y el Ministerio pidió “consideración de la población ante esta medida, necesaria, para garantizar la continuidad de los servicios”.

Entre un texto y otro hay una diferencia de alcance. El hospital circunscribió el problema a una botella y dejó afuera al compresor, mientras que el Ministerio aguarda la evaluación del fabricante y extendió la suspensión a todos los centros de salud de la ciudad con el mismo tipo de equipo.

Los equipos de salud de Bariloche, en tanto, rechazaron de plano la idea de un hecho fortuito. En su comunicado de prensa del 12 de noviembre sostuvieron que lo sucedido “no fue un accidente, sino consecuencia de la precarización de nuestras condiciones de trabajo que históricamente vienen aplicando de manera sistemática el Ministerio de Salud y los gobiernos de turno”. Y agregaron: “Ante los intentos de deslindar responsabilidades, dejamos en claro que lo sucedido no fue un accidente ni responsabilidad de la trabajadora, sino la consecuencia directa y evitable de la negligencia institucional, la falta de presupuesto, la falta de mantenimiento, de revisiones de los equipamientos, y el abandono de la salud pública”.

También contradicen al hospital en lo que ocurrió después de la explosión. Mientras la Dirección habla de atención médica inmediata, los trabajadores afirman que “nadie de la dirección ha dado respuestas a la situación, ni arbitrado los medios para la atención integral de la trabajadora, ni del equipo de salud”. Para ellos, “la respuesta institucional es el desentendimiento de las condiciones de trabajo que ponen en riesgo a los propios trabajadores de salud”, y esa falta de contención “agravan la situación de estrés postraumático”. Exigen “el peritaje y revisión urgente de lo ocurrido con el sillón odontológico” y una auditoría de las condiciones de trabajo y equipamiento de todos los centros de salud, “con plazos de tiempo claros y concretos”. La advertencia es directa: “no vamos a continuar trabajando en estas condiciones poniendo en riesgo nuestra vida y la de pacientes”.

Un reclamo que no nació con la explosión

Uno de los sindicatos de salud sumó su voz y acompañó la postura de los trabajadores. Desde ASSPUR - FESPROSA aseguraron que lo ocurrido “no fue un imprevisto, no fue una contingencia fortuita y no fue un accidente”, y que la explosión que lesionó a su compañera es “la consecuencia directa y evitable de la negligencia institucional y del abandono sistemático de la salud pública”. Según el gremio, “durante meses los trabajadores y trabajadoras venían advirtiendo, elevando informes y denunciando la falta de mantenimiento preventivo y el peligro al que se expone a los equipos de salud”, y fueron tajantes: “Las autoridades conocían la situación y decidieron ignorarla”.

La organización hizo “enteramente responsables a los funcionarios del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche y Ministerio de Salud por la integridad física y psicológica de la profesional afectada y de todo el personal”, y advirtió que “la política de postergación de la inversión pública hoy está costando la salud de nuestros trabajadores”. Entre sus exigencias figuran la “revisión, auditoría y certificación de seguridad urgente de todo el equipamiento e instalaciones de los CAPS y del Hospital Zonal” y la “garantía absoluta de condiciones dignas y seguras de trabajo antes de cualquier reapertura o normalización del servicio”. El comunicado cierra con una consigna: “sin seguridad para los trabajadores no hay salud pública posible”.

Ese es el trasfondo que excede al sillón. Los equipos de salud afirman que existen “múltiples reclamos previos de mantenimiento, enviados por nota desde todos los equipos de Salud sobre las deficiencias y necesidades de los Centros de Salud”, y recuerdan que la dirección de Atención Primaria de la Salud hizo un relevamiento presencial en septiembre, “pero no sabemos que curso siguió el mismo”. Es decir que, según los propios trabajadores, el diagnóstico se realizó, pero nadie les informó qué se hizo con él.

Hoy la atención odontológica sigue suspendida en el San Francisco III y en los demás centros con esta tecnología, a la espera del informe técnico del fabricante. La promesa de la Dirección de reforzar el mantenimiento preventivo y la decisión del Ministerio de revisar los equipos pueden ser un primer paso, pero los trabajadores reclaman plazos concretos y respuestas, y mientras tanto quienes ponen el cuerpo son ellos y los vecinos que se quedan sin atención.