Por: Bache3000
Silvia Noemí Rodríguez salió a pedir que la fiscal adjunta Daniela Ortiz Celoria no sea ascendida en el concurso que se resuelve este jueves 19 de noviembre. Es la misma vecina que, en una nota anterior con Bache3000, reclamó por la muerte de su hermano Federico, que según ella quedó impune, y acusó a la fiscal de no investigar como correspondía.
El concurso es para cubrir el cargo de agente fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en San Carlos de Bariloche, y se tramita por la resolución 59/25-CM. En el listado figuran, además de Ortiz Celoria, Rosario Carballo e Ignacio Ramilo.
Silvia contó que algo de esto ya le habían comunicado, aunque lo esperaba para más adelante. “Supuestamente me lo habían dicho para fin de año, o sea, tipo diciembre”, explicó, y reconoció que “no creía que era tan pronto el ascenso”.
Sobre la posibilidad de que la fiscal sea premiada, no ahorró críticas: “Es una vergüenza que asciendan a una fiscal o que se presente a un concurso y le den el ascenso cuando ni siquiera cumplió con el trabajo que tenía que realizar de investigar sobre el expediente que tenía a cargo por el tema de mi hermano”, dijo la vecina en las últimas horas a este medio. Y agregó: “Acá se premia al que no trabaja y al que hace las cosas mal”.
Rodríguez aclaró que tiene los números de los expedientes que se armaron cuando hizo las denuncias, pero que no sabe si una funcionaria con un legajo de investigación abierto puede ser ascendida, algo que dijo que va a averiguar. Recordó además que, según le explicaron, “tienen 90 días hábiles para investigar del momento que se hizo la denuncia”.
Para ella, el caso refleja un problema más amplio. Se preguntó “¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes si no tenemos justicia en ningún momento?” y aseguró que la situación está “cada vez peor”, con premios para quienes no cumplen y una justicia que, a su criterio, termina del lado de los delincuentes.

(La vecina Silvia Rodríguez. Crédito: Bariloche2000)
La denuncia por mal desempeño fue presentada ante el Consejo de la Magistratura con el patrocinio del abogado Raúl Miguel Ochoa, quien representó a la querella en el legajo MPF-EB-00431-2024, caratulado “Carrasco, Juan Pablo y Rubilar, Rosa s/ homicidio”. Pide que se investigue la actuación de la fiscal y, si se acreditan los hechos, su destitución. El escrito aclara que no discute el criterio probatorio de la Fiscalía, sino una sucesión de incumplimientos procesales.
En ese legajo se formularon cargos en marzo de 2024 contra Juan Pablo Carrasco y Rosa Marianela Rubilar por homicidio agravado por alevosía. En abril de 2025, la acusación contra Carrasco pasó a homicidio simple y se suspendieron los términos procesales para Rubilar. Según el sistema de Gestión de Plazos del Poder Judicial, la investigación preparatoria venció el 30 de diciembre de 2025 respecto de ambos imputados.
La denuncia recuerda que el 18 de diciembre el juez de Garantías Ricardo Calcagno rechazó la prórroga porque no contaba con la conformidad de todas las partes. El 23 de febrero de 2026 rechazó un nuevo intento y dejó asentado que la etapa estaba vencida desde fines de diciembre. Al día siguiente, la fiscal formalizó los fundamentos del sobreseimiento, con el argumento del “agotamiento de la vía recursiva y pericial” y la imposibilidad de sostener la acusación, y el 3 de marzo pidió audiencia para impulsarlo.
Otro punto central es la notificación. Ortiz Celoria sostuvo después que la decisión de no acusar ya estaba tomada antes del vencimiento, pero la denuncia plantea que esa decisión no se le comunicó a tiempo a la víctima ni a la querella. La consecuencia, según el escrito, fue que el 30 de abril de 2026 se excluyó a la querella por no haber formulado una acusación autónoma “ante el silencio del Ministerio Público Fiscal”.
El texto también cuestiona que se hable de líneas de investigación agotadas cuando había filamentos pilosos con un cotejo sugerido, sin determinación científica al momento del sobreseimiento, y muestras “símil hemáticas” que no pudieron procesarse porque los insumos del laboratorio estaban vencidos. La denuncia aclara que no afirma cuál habría sido el resultado de esas pericias.
Además, pide que se investigue qué medidas se tomaron para asegurar que Rubilar se sometiera al proceso, ya que habría registrado reiterados episodios de sustracción de la justicia y en el último intento de notificación tampoco habría sido hallada. Solicita la citación de Ochoa y del fiscal jefe Martín Lozada, quien confirmó el criterio fiscal por considerar insuficiente la prueba, aunque el escrito aclara que no le formula una imputación disciplinaria concreta.