jueves 19 de noviembre de 2026 - Edición Nº644

El Bardo de Siempre | 19 nov 2026

se picó en Shelbyville

Dina Huapi: el Ejecutivo acusa al Concejo de usar los balances con fines políticos

08:58 |A las puertas de un nuevo escenario electoral, el gobierno municipal denunció que los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos tienen una intencionalidad política. La falta de aprobación de las cuentas de 2024 y 2025 derivó en una disputa institucional que deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.


Por: Bache3000

El conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Dina Huapi sumó un nuevo capítulo y adquirió un marcado tono político. El gobierno municipal salió públicamente a cuestionar la falta de aprobación de los balances de los ejercicios 2024 y 2025 y acusó a sectores del cuerpo legislativo de utilizar las diferencias sobre el control de los fondos públicos como una herramienta de confrontación con la gestión.

La disputa, que ya llegó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ), fue presentada por el Ejecutivo como un conflicto institucional que excede una discusión administrativa y que, según advirtieron sus funcionarios, podría tener derivaciones políticas en el escenario local, especialmente ante la proximidad de un nuevo calendario electoral.

El secretario de Gobierno, Hernán Terrens, y el asesor letrado municipal, Antonio Contreras, explicaron los alcances de la presentación judicial, defendieron los procedimientos administrativos de la Municipalidad y respondieron a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

“Últimamente se ha estado haciendo una utilización política de cuestiones que no son ciertas sobre el manejo de la Municipalidad. Más allá de los relatos, nosotros hablamos con los papeles”, sostuvo Terrens, quien planteó que las acusaciones contra la administración municipal deben discutirse sobre la base de documentación y no mediante cuestionamientos que, desde su perspectiva, buscan instalar sospechas sobre la gestión.

El eje central de la controversia es la falta de aprobación de las cuentas generales correspondientes a los dos últimos ejercicios. Desde el Ejecutivo señalaron que están terminando el tercer año de gobierno sin que el Concejo haya aprobado un solo balance de la actual administración, una situación que calificaron como de gravedad institucional.

Contreras explicó que la presentación judicial fue impulsada por el intendente, el presidente del Tribunal de Contralor y la presidenta del Concejo Deliberante, a partir de las diferencias de interpretación sobre la normativa que establece el procedimiento para aprobar las cuentas municipales.

La discusión gira en torno a la Ordenanza 939, que determina que el Ejecutivo debe presentar un proyecto de ordenanza para la aprobación del balance general. Desde la asesoría letrada municipal consideran que esa disposición pretende aplicarse de manera retroactiva y que, además, podría afectar las atribuciones que corresponden al Concejo Deliberante.

“La cuenta general de balance se envía desde el Ejecutivo, pero la ordenanza que la aprueba surge de un análisis posterior a ese balance”, explicó Contreras.

La controversia comenzó con una acción de inconstitucionalidad, aunque posteriormente el Superior Tribunal de Justicia resolvió recaratularla como un conflicto de competencias. El Concejo Deliberante ya fue notificado para presentar su postura y será el máximo tribunal provincial el que determine cómo deben interpretarse las responsabilidades de cada organismo.

En medio de esa disputa, Terrens buscó despejar las sospechas sobre una eventual falta de información contable y remarcó que los presupuestos municipales sí fueron aprobados. Según sostuvo, el problema no está en la presentación de la documentación, sino en que las cuentas generales remitidas por el Ejecutivo todavía no consiguieron la aprobación legislativa.

Las obras públicas señaladas

La conferencia también tuvo un segundo capítulo con contenido político: las obras públicas. Terrens respondió a los cuestionamientos relacionados con la construcción del polideportivo municipal y aseguró que el proceso administrativo cuenta con documentación respaldatoria y con la intervención de los organismos de control.

“Tengo las notas del Tribunal de Cuentas diciendo que se aprueban las obras del polideportivo. La última presentación fue de 184 fojas con información que se mandó al Tribunal de Cuentas”, afirmó.

El funcionario también puso sobre la mesa otro enfrentamiento con el Concejo Deliberante: la exención de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) otorgada a un complejo de cabañas. Según explicó, el Ejecutivo vetó la medida, pero el cuerpo legislativo posteriormente ratificó su decisión, pese a que, de acuerdo con la interpretación del gobierno municipal, no se habían cumplido los procedimientos correspondientes. La documentación del caso también fue remitida al organismo de control.

Sin embargo, fue al referirse al escenario electoral cuando Terrens explicitó con mayor claridad la lectura política que hace el Ejecutivo sobre los cuestionamientos recibidos. El secretario vinculó las críticas a la administración de los fondos municipales con la cercanía de las elecciones y reclamó que la discusión pública se concentre en las propuestas y los proyectos para Dina Huapi.

“Si acá se va a hacer una campaña, que no se haga ensuciando la gestión con los fondos públicos, porque son cuestiones muy delicadas”, manifestó.

En ese marco, enumeró las principales obras e iniciativas que el gobierno municipal busca exhibir como parte de su gestión: el centro de monitoreo, el hospital en construcción, el plan director de agua, el polideportivo, el salón de usos múltiples de Ñirihuau y la conexión vial de calle Estados Unidos.

Terrens insistió en que la presentación ante el STJ no pretende evitar los controles ni impedir que se revisen las cuentas municipales, sino establecer con claridad las competencias de cada organismo. También buscó anticiparse a una posible lectura política del conflicto que perjudique al gobierno.

“No queremos que mañana se le diga a la comunidad que el Ejecutivo municipal judicializó un tema para no mostrar los balances. Al contrario, los balances están todos mandados, nada más que no los aprueban”, concluyó el secretario de Gobierno.

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